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Niños reclutados para la lucha armada

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Niños y adolescentes paraguayos reclutados por la fuerza para la lucha armada son víctimas de violencia

Adital
Las fuerzas de seguridad paraguayas están siendo acusadas de matar a cuatro jóvenes de un grupo armado de campesinos pertenecientes a la autodenominada ‘Asociación Campesinos Armados’ (ACA), en la zona de Arroyito, Concepción. El evento tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en el marco de un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la ACA. Murieron tresjóvenes de 23, 21 y 20 años, ademásun adolescente de tan sólo 15 años de edad. El hecho remite al problema del reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad para la lucha armada y el riesgo de violencia a que son sometidos.
La Coordinación para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y el Servicio Paz y Justicia-Paraguay (SERPAJ) denuncian que la operación fue calificada por el gobierno como “un éxito”, a pesar del reconocimiento de las autoridades de que los jóvenes y menores de edad estaban siendo reclutados. Hasta el momento, no informaron que medidas han tomado con el fin de responder a esta situación, que para las entidades denunciantes, debe ser abordada de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Inclusive en declaraciones recientes, el viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, habría considerado que el reclutamiento de menores de edad es responsabilidad de los padres y los tribunales podrían acusarles, sin hacer referencia a la responsabilidad del Estado paraguayo.
CDIA y Serpaj entienden por “niño soldado” toda persona menor de 18 años que forma parte de cualquier fuerza armada o grupo armado, regular o irregular, independientemente del trabajo que desempeñe. El reclutamiento de niños y adolescentes se considera también una forma de migración forzada que vulnera directamente el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, lo que afecta seriamente su desarrollo integral. El artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño insta a los gobiernos a que adopten todas las medidas posibles para asegurar que ningún niño o adolescente participe directamente en conflictos armados.
Además, las entidades explican que el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, relativo a la participación de niños en los conflictos armados entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y tiene como objetivo aumentar la protección de los niños y adolescentes en los conflictos armados. Paraguay es uno de los países que han firmado y ratificado el Protocolo el 27 de septiembre de 2002, mediante la promulgación de la Ley 1897/2002.
“Desde la CDIA y SERPAJ, repudiamos la criminalidad ejercida tanto por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesinos Armados (ACA), así como otras personas y / o grupos que cometen crímenes y sostenemos que se requiere una estrategia eficaz de parte de los organismos estatales correspondientes y constitucionalmente establecidos”, señalan. Estos son: Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de la niñez y la adolescencia que, en conjunto, Deben intervenir, en el marco de la defensa y del respetoirrestricto de los Derechos Humanos.
Los dos instituciones exigen al Estado del aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, y tomar las medidas necesarias a través de políticas de asistencia y protección social a las familias, facilitándoles el acceso a los derechos universales como la salud, educación, alimentación, vivienda y trabajo decente, con el fin de prevenir y evitar que niños y adolescentes sean reclutados por grupos delincuentes y criminales, como los grupos EPP, ACA y los grupos traficantes de droga y de otro tipo.
La entidad demandan además: la tipificación penal del acto de reclutamiento por parte de grupos no estatales como delito; el reconocimiento de los niños y adolescentes reclutados como víctimas, junto con sus familias; la creación de programas especializados para la prevención, protección y restitución de derechos; y la expansión de planes, programas y proyectos que el Estado está desarrollado, destinadas a garantizar el ejercicio y el goce efectivo de los derechos de los niños y adolescentes.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com

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