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Gobernación e INEGI: ¿A quién creerle?

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Eduardo Ibarra Aguirre

Los mejores o los menos magros resultados del gobierno que persiste en anunciar “Mover a México”, aunque ya concluyó septiembre, el mes del Informe Presidencial, se ubican en la inseguridad pública o por lo menos eso postularon en la segunda rendición de cuentas a la Cámara de Diputados y el Senado, pero sobre todo a las decisivas cámaras de televisión, las de Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas y la veintena de socios que forman parte de los propietarios de México.

Pero los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, a cargo del INEGI, indican que 93.8 de cada 100 delitos del fuero común, perpetrados durante el primer año de gobierno Enrique Peña Nieto, quedaron impunes porque no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.

La conocida como “cifra negra” –delitos no denunciados– de 2013, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es la más elevada de los pasados cuatro años, desde que en 2010 aquél realizó la primera encuesta de este tipo. La Envipe, dicen los que la dirigieron, permite acercarse con relativa certeza a la forma en que evoluciona la criminalidad en México, pero los delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de indocumentados no pueden medirse con aquel instrumento.

Para el INEGI la trayectoria del asunto es: En 2010 la proporción de delitos impunes fue de 92 por ciento; en 2011 bajó a 91.6; en 2012 se elevó a 92.1 y en 2013 ascendió a 93.8 por ciento. Y todos los delitos repuntaron.

La “cifra negra”, también número de delitos por los que no se abrió averiguación previa, contrasta con la de Estados Unidos, Inglaterra y Gales, donde la impunidad es de 63 y 61 por ciento, respectivamente. Esta cifra también es una forma de medir el grado de confianza de la población en las instituciones, lo cual significa que las mexicanas permanecen por la calle de la amargura a pesar de 22 meses de “reformas históricas”.

“Debilidad institucional” que enseguida detectó Peña Nieto en Guerrero tras la matanza de seis personas, entre ellos tres estudiantes (“vándalos” los denominó Héctor Aguilar Camín sin mediar argumento) de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 43 desaparecidos en Iguala.

La extraordinaria agudeza presidencial, quizá motivada por el serio malestar en la garganta que lo obligó a suspender la enésima visita al Michoacán de su amigo acusado de “virrey”, se materializó en Coacalco, estado de México, justo la entidad que gobernó Enrique Peña y que, de acuerdo al INEGI, es la segunda con la mayor “cifra negra” en todo el país, 96.7 por ciento; donde también existe la más alta tasa de víctimas, con 47 mil 778 personas por cada 100 mil habitantes, 64 por ciento por encima del promedio nacional.

Naturalmente que en el estado que gobierna Eruviel Ávila, compañero de partido pero no de grupo (Atlacomulco) del primer priísta del país, la “fortaleza institucional” es característica, sobre todo después del fusilamiento de 22 jóvenes, presuntos delincuentes, a manos de integrantes del Ejército, en un gravísimo hecho criminal que no es la excepción, como revelan las incumplidas recomendaciones de la Corte Interamericana.

La diferencia de cifras y de visiones en materia de seguridad entre las compiladas por la Secretaría de Gobernación y las emitidas por el INEGI, al decir de colaboradores de Miguel Ángel Osorio, valiente y oportuno negociador con los dirigentes y manifestantes del movimiento politécnico, se origina por el alto nivel de delitos que no se denuncian ante la autoridad, especialmente secuestros.

En el país de la impunidad hecha (casi) institución no parece recomendable hacer cuentas y valoraciones con base a las muy minoritarias denuncias ministeriales.
Acuse de recibo
Reporteros sin Fronteras denuncia “el número vertiginoso de periodistas asesinados en México, Honduras, Brasil y Colombia, e intenta explicar este triste balance a través de ciertos periodos de la historia de estos países. Desde el año 2000 en estos cuatro países se han registrado 201 casos de asesinatos de periodistas, blogueros, comunicadores sociales y colaboradores de los medios de comunicación en los que, segura o probablemente el crimen estuvo relacionado con su profesión, pues en la mayoría ellos sigue sin conocerse con precisión el móvil del crimen. Las investigaciones –cuando se abren– se estancan y a menudo son obstaculizadas por autoridades corruptas. México, a la cabeza de esta triste lista, se distingue por ser el país más mortífero para los periodistas en todo el continente americano”… El equipo que hace posible Forum en Línea desea un eficaz restablecimiento en la salud del colega Carlos Cáceres Ruiz, colaborador de este medio desde que era impreso… La abogada Jazmín Lujano, integrante del Grupo María Cristina, informa: “Nuestro querido amigo José Manuel Flores está respondiendo muy bien al tratamiento, el día 30 fue intervenido para que pudiera respirar mejor y está mejorando día a día”.

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