FIFA versus soberanía
PIA.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se impone sobre la soberanía, la legislación y los intereses nacionales del país seleccionado para ser la sede de la Copa Mundial. A través de la Ley General de la Copa, la corporación deportiva exige una serie de condiciones -a la medida de sus grandes negociados- que van desde la creación de una justicia excepcional, el control de visados de entrada, la inversión en obras edilicias faraónicas, el despliegue de operativos de seguridad millonarios, el establecimiento de zonas de exclusión y la evasión impositiva.
La semana pasada, en el inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, la FIFA emitió un comunicado oficial en el que anunciaba el inicio de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la víspera del comienzo del campeonato, la Selección Argentina -a cargo de Alejandro Sabella- posó junto a un cartel con la inscripción “las Malvinas son argentinas”, en el marco de un partido amistoso.
Luego de que la Federación Inglesa de Fútbol (EFA) calificara como “provocación” el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago -tras más de 180 años de ocupación británica junto a una creciente militarización del Atlántico Sur en el último tiempo- la FIFA advirtió que podría tratarse de una violación del reglamento de la asociación que prohíbe “acciones provocativas y agresivas” y establece un código disciplinario para los equipos que realicen una “conducta incorrecta”.
El organismo insiste en que la Copa Mundial es un evento deportivo que debe permanecer al margen de los asuntos políticos. Sin embargo la FIFA no se mantiene al margen de los asuntos internos de la nación elegida para ser sede del campeonato internacional, y plantea una serie de condiciones que implican una completa sumisión del Estado a los intereses de la asociación privada.
A través de la Ley General de la Copa, conocida como “Ley FIFA”, la corporación deportiva establece una suerte de intervención en el país-sede que le garantiza llevar adelante sus grandes negociados. En nombre de la Copa Mundial, el país anfitrión se compromete a cambiar todo lo que sea necesario en su legislación para adecuarse a las exigencias de la FIFA, lo que significa una total entrega de la soberanía y los intereses nacionales en función de atender a la asociación privada.
Justicia excepcional. Uno de los puntos más controvertidos de la legislación es el establecimiento de una justicia excepcional. Se exige la creación de juzgados especiales para tratar demandas relativas al campeonato a través del cual se determinarán penas de detención, multa y un conjunto de sanciones civiles por los delitos de “utilización indebida de símbolos oficiales”, “marketing de emboscada por asociación” y “marketing de emboscada por intrusión”.
A través de dichas figuras se prohíbe la venta de toda mercancía en los “lugares de competición oficial, en su entorno inmediato y en sus principales vías de acceso”, y se penaliza a los bares que intenten retransmitir los partidos o que hagan promoción de marcas. Asimismo, se considera como crimen federal todo ataque a la imagen de la FIFA o a sus patrocinadores.
Visados. Se fija la concesión automática de visados de entrada y permisos de trabajo “a cualquier individuo que indique la FIFA”, así como al equipo de los “compañeros comerciales de la FIFA”. De esta manera la nación anfitriona pierde cualquier poder de control en cuanto a la entrada de extranjeros en el territorio nacional, estableciéndose una suerte de consulado general de la FIFA que determinará fronteras internacionales y borrará las fronteras del Estado.
Garantías. La nación sede debe asumir las responsabilidad por cualquier daño causado a la FIFA, así podría verse obligado a indemnizar a la corporación deportiva y a sus socios en caso de atentados, accidentes o catástrofes naturales. Además, el Estado debe responder ante “todo y cualquier daño resultante o que haya surgido en función de cualquier incidente o accidente de seguridad relacionado a los eventos”, otorgándole la impunidad completa a la FIFA.
Inversión. El país-sede debe costear el 51 por ciento del costo total del Mundial, en el caso de Brasil, se gastaron 14 mil millones de dólares para cumplir con las exigencias de la FIFA, que incluyen la construcción y reforma de estadios obedeciendo a un “parámetro de calidad” -gran parte de la inversión del actual campeonato se realizó con dinero público a través de la financiación del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social y con aportes del Distrito Federal, los estados y municipios-. Para cumplir con las exigencias de la construcción, 250.000 personas fueron desalojadas de sus casas en Brasil.
Seguridad. Se exige la “garantía de la ley y el orden”, lo que implica un refuerzo del aparato represivo del Estado en función de asegurar el desarrollo del evento sin ningún tipo de interferencias. En este sentido, se da vía libre a la represión de cualquier persona u organización que obstruya las vías de acceso al campeonato -incluso de manera pacífica-, “provocando o instigando acciones radicales y violentas”, al tiempo que se aplica la figura de “terrorismo” para quien quiere promover “el pánico generalizado” -promoviendo de esta manera la criminalización de cualquier tipo de manifestación-.
Dentro de los estadios y de las llamadas “zonas de exclusión”, la seguridad es privada y es seleccionada y dirigida por la FIFA, aunque es pagada por el Estado anfitrión. En nombre del Mundial, Brasil mantiene un operativo de seguridad con un despliegue de 170 mil agentes policiales, militares y privados y un costo de 870 millones de dólares -en el actual contrato se incluye la provisión de 2.200 kits no letales de corta distancia (gas pimienta, granadas lacrimógenas con chip de rastreo, granadas de efecto moral para uso exterior e interior y granadas explosivas de luz y sonido); 449 kits no letales de corta distancia con cartuchos de balas de goma y cartucho de impacto expansible (balas que se expanden en contacto con la piel, evitando la perforación); 1.800 armas eléctricas para lanzar dardos electrificados (pistolas “taser”), y más de 8.300 granadas de efecto moral, 8.300 grandes de luz y sonido, 8.300 granadas de gas lacrimógeno y 50.000 aerosoles de gas pimienta-.
Zonas de Exclusión. La FIFA establece en el territorio zonas de exclusión, un área de hasta dos kilómetros alrededor de los estadios donde se encarga de la seguridad, controla la circulación de personas, la venta de productos y fiscaliza el uso de marcas, protegiendo la exclusividad en la venta de productos de sus socios y patrocinadores -entre ellos las multinacionales Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Fly Emirates, Sony, Visa, Budwiser, Johnson&Johnson, MacDonald’s-. En este caso por ejemplo, obliga a levantar legislaciones internas como la prohibición de la venta de alcohol en los estadios para permitir la comercialización de la marca de cerveza patrocinadora.
Exención impositiva. Para completar los negociados millonarios, declara la exención de impuestos y cargas fiscales a la FIFA y a las empresas que trabajan en la Copa Mundial, quienes no pagarán impuestos durante 12 meses. En esta edición 2014, la asociación privada se ahorró más de 430 millones de dólares en impuestos -mientras ya alcanzó una ganancia de más de 4.480 millones de dólares en negociados que van más allá de la venta de entradas, derechos televisivos y merchandandising, en el campeonato que se ha convertido en el más lucrativo de la historia-.