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Atenco: Vuelve la indignación y se retoma la batalla por la tierra

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Adazahira Chávez

Los ejidatarios de San Salvador Atenco se preparan para una nueva lucha en defensa de su territorio que, saben, será larga.

México. No se trata sólo de las tierras de Atenco, afirma Trinidad Ramírez, uno de los rostros más conocidos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). “Van con todo y por todo”, define, para referirse a los diversos embates que afrontan los movimientos sociales e indígenas en México ante proyectos gubernamentales y empresariales que atraviesan sus tierras. “Nosotros estamos indignados, pero no vencidos”, valora después de la asamblea que decidió “ilegalmente” cambiar el régimen de la tierra para privatizarla.

Ramírez pone como ejemplo del embate a Xochicuautla y el decreto expropiatorio recién conocido, que afecta al bosque otomí-mexica en el que se pretende construir una carretera. En la misma semana, una asamblea en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, aprobó dividir la isla de Holbox, lo que dará paso a un megaproyecto turístico, a pesar de la oposición de los ejidatarios originales, quienes denunciaron que prestanombres de los empresarios acudieron a la asamblea a decidir. “Es que donde ven riqueza, van con todo. Por eso necesitamos juntarnos; el gobierno no es todopoderoso”, afirma la mujer que tomó el liderazgo del movimiento de resistencia cuando su esposo fue encarcelado.

El cambio de tierra ejidal a Dominio Pleno, aprobado el 1 de junio en una asamblea calificada de ilegal por el FPDT, no es el final de la defensa de Atenco, reafirma la integrante del Frente: “Sabemos que la lucha es larga y no se resolverá de un día para otro. Por supuesto que vamos por la vía legal, pero sobre todo lo haremos en lo social, porque si no es en nosotros, ¿en quién vamos a confiar?” Trinidad Ramírez informa que se recaban firmas de oposición de todos los pobladores, pues “beneficiados por la venta serán 500 pero afectados vamos a ser miles”.
Ramírez afirma que, después del descontrol inicial que vino con el anuncio del cambio de régimen de la tierra, llegó la indignación de los pobladores, que se acercan al Frente para informarse de en qué manera pueden echar para atrás la decisión.

La asamblea del domingo 1 de junio, en la que se abrió la puerta a la privatización, es un paso más en la estrategia gubernamental que, afirma Trinidad Ramírez, comenzó desde 2001, cuando “el pueblo de Atenco, y no un grupo de personas, dijo que no vamos a vender las tierras”, y en 2002 logró echar abajo el decreto expropiatorio lanzado para construir un aeropuerto en su territorio. “Pero el gobierno no aceptó la decisión y preparó otras estrategias para arrebatar la tierra”, acusa.

“El mensaje es para todos los movimientos: debemos tener cuidado”, considera Ramírez. “No podemos abandonar la lucha; hay mucho qué hacer y qué revisar, pero no podemos derrotarnos o mandar el mensaje de que si se pierde esta batalla, se pierde todo”.

El camino del despojo
La campesina, esposa de Ignacio del Valle – sentenciado a más de 112 años de prisión en el curso de la represión que los atenquenses vivieron en el año 2006- desmenuza cómo se preparó el camino del despojo de tierras.
En primer lugar, y aprovechando la división social que se generó desde 2001, el gobierno “aprendió a preguntarle a la gente si quería vender su tierra y ofrecerle dinero según como se dejara, de 50 a 150 pesos, que es lo que ofrecieron en Santa Isabel Iztapan y San Cristóbal Nexquipayac, así como en la colonia Francisco I. Madero”. Los operadores fueron personas cooptadas que se prestaron a convencer a otros vecinos, diciéndoles que de todas formas el gobierno se las iba a quitar. “Así comenzaron a romper el tejido social”, denuncia Ramírez, y agrega que los integrantes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT) trataron de no dividir a los atenquenses, de fomentar el diálogo y de decir “no eres mi enemigo, piensas diferentes y está bien, pero reflexiona en la magnitud de lo que quieren arrebatarnos”, relata.

Trinidad Ramírez resalta que trataron de reencontrarse con quienes pensaban diferente, “que podían ser amigos, compadres o vecinos”, pero sin dejar de lado que la tierra “es sagrada”.
Los funcionarios del gobierno y trabajadores de las constructoras interesadas en el aeropuerto –como OHL- se dieron a la tarea de visitar a la gente pueblo por pueblo para decirles que otros ejidatarios ya habían vendido sus tierras, y que no era necesario el dominio pleno para hacerlo; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac; San Salvador Atenco y San Francisco Acuexcomac se negaron. Y fue justo en estos pueblos donde se presentaron cierres de los pozos de agua de uso agrícola. Al mismo tiempo, se impulsaron proyectos –como la Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco- enfocados a la compra de tierras.
Ramírez relata que, al mismo tiempo, se preparó la imposición de Andrés Ruiz Méndez como comisariado ejidal, el 20 de octubre de 2013. Con tácticas que recuerdan a las denunciadas durante la elección presidencial de Enrique Peña Nieto (el gobernador del Estado de México en 2001, cuando se lanzó el proyecto del aeropuerto), como los ofrecimientos de una tarjeta de la tienda Soriana y mil pesos, los partidarios de Ruiz Méndez trataron de convencer a los atenquenses. Dijeron que no pensaban en vender las tierras y que los integrantes del Frente solamente buscaban su beneficio. “Algunos se dejaron engañar, pero otros rechazaron la maña”, especifica la campesina.

Cadena de imposiciones y provocaciones
En la elección del comisariado “ilegítimo”, como lo define Trinidad Ramírez, “levantaron a los muertos, vino a votar gente de otros lados y no ejidatarios, y así lo impusieron. Alguna gente se fue con ellos por el taco o por el vino, porque echaron la casa por la ventana; por supuesto que no de su bolsa, sino con recursos del gobierno del estado”. Las otras planillas decidieron no impugnar, y los defensores de la tierra decidieron “seguir caminando”.

El siguiente paso fue una provocación. El 7 de diciembre, protegidos por la policía, los partidarios del comisariado borraron de la fachada del auditorio municipal el mural Alerta mi general Emiliano Zapata, en la lucha de Atenco, símbolo del movimiento, realizado en 2001 por el artista Javier Campos Cienfuegos. Los priistas “iban preparados con bates”, detalla Ramírez, “pero no pasó a mayores porque tratamos de ser prudentes”. También fue pintada de blanco una obra de Gustavo Chávez Pavón.

Las provocaciones comenzaron a encadenarse, relata la entrevistada, y llegó la primera asamblea convocada para cambiar las tierras ejidales al Dominio Pleno, que es el último paso del Programa de Certificación Ejidal (Procede) para abrir la puerta a su venta. La reunión del 18 de mayo de 2014 no fue convocada de forma correcta, e incluso los comisariados anteriores confirmaron que no podía tener validez, relata Ramírez. El FPDT convocó a un cinturón de paz, y el intento de asamblea fue abortado.

Ruiz Méndez convocó a una siguiente asamblea para el 1 de junio, a la que no se permitió la entrada de opositores a la pérdida del régimen ejidal. Los días anteriores, se registraron hasta ocho sobrevuelos de helicópteros de la Marina al día, “como una forma de decir, no salgan ni protesten”, interpreta la entrevistada. Entre la población, acepta Trinidad Ramírez, se generó temor “por el antecedente de lo que hizo Peña en 2006”.
Ramírez precisa que para una decisión de este calado, formalmente se tuvo que haber convocado a una asamblea “dura”, lo que no se hizo. Los priistas “ya tenían su plan”, relata. Entraron posesionarios, sin voz ni voto formalmente; supuestos acompañantes de personas en silla de ruedas y familiares de ejidatarios; todas estas personas, afirman testigos, votaron a mano alzada. “Y algo tan delicado se tiene que hacer en urnas”, recalca la entrevistada.

Para impedirle la voz a los escasos defensores del ejido que lograron entrar a la asamblea, se puso en marcha la maquinaria de gobierno, acusa Ramírez: Alejandro Santiago, “operador de Gobernación conocido como El Oaxaco”, se dedicó a arrebatar el micrófono o apagarlo cuando alguien se quería oponer; lo mismo hizo José Pilar Medina Moreno, de acuerdo con los testigos. Los “operadores” alegaban que no era el momento para discutir, que sólo se votaría sí o no. En las afueras del recinto privado donde se realizó el evento –otra ilegalidad-, se formó “una valla de provocadores antorchistas (del corporativista movimiento Antorcha Campesina), y pusieron enfrente a jóvenes y niños; es gente que no es de aquí, traída por Yolanda Solís Nieves”. A los integrantes del Frente “nos rodearon con gente de Gobernación”.

Además de ni siquiera contar los votos en contra, acusa Trinidad Ramírez, no hubo quórum. Los defensores del ejido confiaron en que entraron menos de 400 personas, con todo y los acarreados, “y muchos no entraron para no dar el quórum y legitimar”. Pero llegó la sorpresa: la gente que salía relató que “se aprobó todo”, y las autoridades ejidales anunciaron que entraron 518 personas –una más que el mínimo requerido (“qué generosos, pusieron uno más”, ironiza la campesina). La operación fue avalada por un fedatario de la Procuraduría Agraria que, ante los reclamos, alegó que no se tenía que volver a contar, que todo era legal y que “mejor apúrense”, relata.
“Lo hicieron todo de manera artera, y ahora se están apresurando para legalizar la decisión. Estamos muy indignados por el engaño que se hizo”, afirma Trinidad Ramírez. El ambiente en Atenco es tenso, informa la defensora del territorio, pero también “hay más calma para seguir con el trabajo”, finaliza.

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