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La política antidrogas debe ser decisión soberana

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Escrito por Delegación de

Paz de las FARC-EP

Marcela González es una curtida

Guerrillera Fariana. En su largo trasegar ha tenido la oportunidad de

transitar por recónditos lugares de nuestro país en los que

los campesinos se han visto obligados por el hambre a sembrar coca,

amapola o marihuana. Está convencida de que va a ser muy

difícil encontrar una solución razonable a este problema

mientras “Se criminaliza a la economía campesina y a los

campesinos y se deja a millones de familias sin ingresos y trabajo;

nos dice Marcela con absoluta convicción.

1- ¿Cuáles son las razones fundamentales

para que los campesinos colombianos hayan multiplicado los llamados

cultivos ilícitos?

El campesinado colombiano no tiene a su favor políticas

estatales para la superación del hambre, la pobreza y la miseria.

Por el contrario, hasta las semillas tradicionales, esenciales en la

cultura, y en sistemas productivos y alimentarios de las comunidades

agrarias, para no hablar de la soberanía alimentaria, vienen

siendo despojadas y privatizadas.

Obligan a los productores agropecuarios a sustituir las semillas

nativas por transgénicas propiedad de multinacionales como la

Monsanto; le prohíben tanto la producción y

comercialización de gallinas criollas y de panela artesanal, como

la cría, reproducción y degüello de ganado en las

cabeceras municipales y de corregimientos.

Se criminaliza la economía campesina y a los campesinos y se

deja a millones de familias sin ingresos y trabajo. El Estado necesita

implementar los diversos Tratados de Libre Comercio, unos más

lesivos que otros para asegurar que las multinacionales de los

agrocombustibles y la agroindustria impongan los monocultivos, todo esto

en beneficio de las grandes cadenas comerciales, del mercado externo y de

los países del capitalismo central.

En un país donde se ha despojado y desplazado a mas de cinco

millones de compatriotas de sus tierras de forma violenta, se suma esta

otra forma de violencia económica, quedando el campesino quebrado

y a merced del rebusque y a la voluntad de las mafias de todo tipo.

2- ¿Qué proponen las FARC-EP para solucionar este

fenómeno?

Nuestra propuesta de solución estructural está basada en

una reforma rural agraria integral con sostenibilidad económica y

socio-ambiental para el buen vivir. Y en cuanto a la política

antidroga, esta debe ser el resultado del consenso activo y decisorio del

conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país. Los

países involucrados en el problema de las drogas, en especial

Estados Unidos y Europa, deben asumir la responsabilidad y el compromiso

de combatir la demanda, consumo y el blanqueo de dinero en sus

respectivos países.

Las criminales aspersiones aéreas deben suspenderse de

inmediato, con reparación integral (individual y colectiva) a las

víctimas, tomando como base lo pactado entre el Estado

colombiano y la República del Ecuador por los daños

causados con las aspersiones a ese territorio y pueblo hermano.

Igualmente sustituir los Planes de Consolidación por Planes

Territoriales de construcción de paz; revisando y redefiniendo a

fondo la actual política criminal del Estado. Desmonte de las

estructuras narco-paramilitares entronizadas en el Estado,

depuración de los poderes, incluidas las fuerzas militares y de

policía.

La política anti-drogas requiere asumir acuerdos regionales

porque ha sido entre otras cosas con los argumentos de la “guerra

contra las drogas” que se ha enfilado contra los procesos de cambio

político en Nuestra América. Se hace necesaria la

Realización de una Conferencia internacional que involucre a los

principales países productores, consumidores y traficantes, en la

que salgan compromisos concretos de los involucrados.

3- ¿En qué se diferencian esta propuesta de la

política antidroga, desarrollada por los distintos gobiernos

colombianos, en los últimos 40 años?

La política antidrogas debe ser decisión soberana y

democrática del pueblo colombiano, rechazando la

intervención militar imperialista es estos asuntos,

sustrayéndola de la política contra insurgente de la

doctrina de la “seguridad nacional”.

La solución del problema debe partir de perseguir a los

capitales involucrados en el proceso económico del

narcotráfico, al conjunto de sus principales beneficiarios

nacionales y extranjeros, proveedores transnacionales de insumo

químicos, empresas productoras de material bélico

etc.; y no a los pequeños productores y consumidores. El

Tratamiento para la solución a la producción debe basarse en

la solución a las causas que obligaron a los campesinos a

sembrar.

En 1978 en el mandato de Julio Cesar Turbay Ayala, EE. UU. venia

insistiendo en el incremento de las aspersiones aéreas ya que la

erradicación manual no era suficiente para combatir la

producción de marihuana en el departamento de la Guajira, el

pretexto era frenar el tráfico ilegal hacia ese país, el

cual en más del 60% provenía de Colombia. Según

estadísticas la producción era de 25.000 a 30.000

hectáreas cultivadas. A pesar de ser súbdito fiel y aliado

fuerte de la Casa Blanca, Turbay no implementó la iniciativa,

optando por la militarización de la costa Atlántica y la

aprobación de la extradición en 1981.

Quien sí implemento las aspersiones fue Belisario

Betancour (1982-1986).

La ayuda; Estadounidense asciende a un poco

más de 600 millones de dólares en el 2001. Con el atentando

a la Torres Gemelas en Nueva York, aumenta la guerra contra insurgente

con la supuesta lucha contra el ;terrorismo;. El;Plan

Colombia; hace elevar la cifra de;ayuda; hasta

treparse a los 3000 millones de dólares hacia el 2004. Con los

gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos el

imperio norteamericano logra mayor afianzamiento e involucramiento en

nuestros asuntos internos, con el sofisma de la lucha contra el

;narcoterrorismo;. Se criminaliza a los sectores populares y

sus luchas, recae sobre los pequeños cultivadores la violencia

contra el narcotráfico de igual forma se acusa a la insurgencia de

ser la responsable del narcotráfico, arreciando la ofensiva. La

realidad es que todas estas estrategias han fracasado, es hora de aplicar

formulas realistas que se enfoquen a resolver las causas

estructurales.

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