El Ejército está preparado para aniquilar al enemigo, no para tutelar derechos: Gallardo

* La policía militarizada, la gendarmería, ya existe * Lo que hay que hacer es un ejército * Históricamente lo ha destruido el poder civil * Aquél debe ser una institución de Estado * Que no dé golpes para imponer presidentes como a Carlos Salinas y Felipe Calderón

José Sobrevilla

Para el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, las violaciones a los derechos humanos de la tropa han ocasionado la deserción de 250 mil efectivos. Se han ido por abusos de autoridad, negación a reconocer sus derechos y las cargas impuestas de trabajo: “los tratan como si no tuvieran familia o dignidad”, asegura.

En lo externo, señaló en entrevista, esta institución cuenta con más de 18 mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y otra gran cantidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior porque, con Felipe Calderón, se puso a los militares a hacer labores de policía “y el Ejército está preparado (si acaso) para aniquilar al enemigo, no para tutelar los derechos humanos de los delincuentes; por eso, cuando los ubican, los aniquilan o torturan; es obvio que van a violar los derechos humanos”.

José Francisco Gallardo, quien estuvo preso del 9 noviembre de 1993 hasta el 7 de febrero de 2002, después de proponer en la revista Forum la creación de un ombudsman en el Ejército, confirma que al interior de la institución hay una total desintegración familiar y, al exterior, el general Cienfuegos recibe la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) profundamente confrontada con la Secretaría de Marina.

Desde su punto de vista, la institución armada no debe realizar funciones de orden interno; “pero si se va a utilizar la máxima fuerza armada, se debe hacer un estado de excepción, es decir, un marco regulatorio que controle el manejo que hace el Poder Ejecutivo de la fuerza armada y que fue lo que no hizo Calderón: las consecuencias son el actual escándalo internacional por las múltiples violaciones a los derechos humanos en su administración”.

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Claustro de Sor Juana, se refirió al nombramiento de militares de alto rango que hizo Felipe Calderón en el último día de su mandato, “donde incluyó al actual jefe del Estado Mayor Presidencial (Roberto Francisco Miranda Moreno) a quien Calderón ascendió para que fuera nombrado por Enrique Peña Nieto”.

Agrega que Calderón también reformó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para ser protegido, igual que a todos sus antecesores, en forma permanente por 400 elementos del Ejército y más de 70 civiles, todos a su disposición y, por supuesto, pagados con los impuestos de los mexicanos.

Gallardo Rodríguez, quien fue considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, asegura que el general Salvador Cienfuegos Zepeda recibe la Defensa Nacional colapsada, ya que Calderón, después de firmar la Iniciativa Mérida, sometió a los altos mandos militares a las órdenes del Pentágono.

El también doctor en administración pública por la UNAM, asegura que la Defensa Nacional debe estar sometida al poder civil del Estado. “Si bien la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé la existencia de dos secretarías: la Sedena y la de Marina, ambas al mando de militares; desde mi punto de vista las secretarías de las defensas nacionales de los estados democráticos, están a cargo de civiles, porque el comandante supremo es el presidente de la república”.

Él –agrega– va a ejercer el mando del Ejército a través de una función secretarial. La defensa nacional debe ser única e integrar a las tres fuerzas armadas. En el Ejército hay una disposición que dice: “Nosotros, los militares, no podemos permitir que los civiles operen al Ejército”. Tienen razón. Yo no digo que un civil opere al Ejército. Afirmo que un civil conduzca la defensa nacional; por eso la defensa nacional y las fuerzas armadas deben estar separadas.

Para el general Gallardo el Ejército lo debe operar el Estado Mayor Conjunto que debe ser rotativo durante cada sexenio, dos años cada fuerza armada para buscar el equilibrio de poderes y evitar abusos.

Disminuir el poder del secretario de la Defensa

Parte importante de la entrevista fue la abrogación del Estado Mayor Presidencial “porque funciona como la guardia pretoriana del presidente de la república. Es un grupo militar que tiene cerca de 15 mil efectivos con más fuerza que el propio presidente del país”. Su función, como muchas cosas, se encuentra distorsionada: fue creado por Manuel Ávila Camacho como Estado Mayor Conjunto en tiempos de guerra, cuando México declaró la guerra a los países del Eje.

Si desapareciera el Estado Mayor Presidencial ¿Quién cuidaría la seguridad del presidente?

–Un servicio civil. Además, ¿de qué se va a cuidar? Si llega por elecciones libres, democráticas; entonces, por la forma en que llegan sí es que necesitan un Ejército.

José Francisco Gallardo pone como ejemplo del poder omnipotente del titular de la Sedena, su encarcelamiento: le ganó 36 amparos al Estado, una resolución de las Naciones Unidas y otra de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el Ejército dice: “me vale madres. No los cumplo y hazle como quieras”.

Para el también Premio Internacional Freedom to Write por la Defensa de la Libertad de Expresión, el secretario de la Defensa no puede decidir a motu proprio la división territorial militar en México, ésta debe ser aprobada por el Senado de la República.

Asegura que en el orden interno, el secretario de la Defensa Nacional, tiene facultades supraconstitucionales; puesto que él nombra, en el tema del fuero, a los magistrados del Supremo Tribunal Militar, a los jueces del mismo tribunal, y a los defensores de oficio. Es más, él decide quien va a ser juzgado y quien va a ser perdonado.

Por si fuera poco, la Ley Orgánica de la Administración Pública previene que el secretario de la Defensa administra la justicia militar. “Yo digo: ¿Cómo es posible que esta persona administre la justicia que corresponde al Poder Judicial federal, y procure la justicia que corresponde al Poder Ejecutivo? Esto sí lo puede hacer por la función de Ministerio Público, basado en el Código de Justicia Militar.

Entonces, concluye, este señor tiene más poderes que la Suprema Corte, y que todos los demás; esa fracción, ese artículo debe desaparecer. Y, acota “esto va ligado a todas las jurisprudencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema del fuero militar”.

Para el también posdoctorado en la UNAM, José Francisco Gallardo Rodríguez, las relaciones civiles-militares han sido un tema intocado históricamente en México. Y es preciso impulsar desde la academia temas como seguridad nacional, seguridad pública, seguridad exterior; hacer escuelas de capacitación en los temas de las fuerzas armadas, crear en el Senado la Comisión de Inteligencia de Estado, ya que la “inteligencia” en nuestro país se maneja a discreción y termina convertida en sistema de espionaje que, lejos de tutelar, se convierte en una amenaza a la seguridad nacional.