Estado, Ejército e impunidad

José Francisco Gallardo Rodríguez

El Estado moderno en México, a diferencia del europeo, surgió de la derrota de una sociedad indígena, esa sociedad explotada y humillada nunca pudo sentir como suyo el nacimiento del primer poder estatal: la colonia. Cuando México en 1821, se convierte en un Estado nación, ocurre por factores externos surgidos en Europa: las guerras napoleónicas, la dimisión del soberano, no como resultado de la maduración histórica de la sociedad.

El México independiente fue de ficción, pues la potestad pública se diseminaba en los intereses regionales. Después de una guerra civil a mitad de siglo XIX, surgió un centro político atribuido a Juárez, luego el Estado se fortaleció a través de la dictadura porfirista, igual que la colonia, volvió a ser una expresión de imposición más que de consenso; un Estado formado de esta manera resulta débil, tan es así, que una escaramuza contra el movimiento maderista en Ciudad Juárez, dejó al descubierto el endeble arreglo político porfirista.

Desplomado el régimen, después de varios años, México surge como un Estado revolucionario fuerte por tener una base social, hasta entonces sin presente en la historia del país, soportada en el discurso del nacionalismo, la reforma agraria, la expansión de la educación, la salud y la obra pública, así como el reconocimiento de las organizaciones sociales.

Sin embargo, y pese a que el régimen incorporó a campesinos, obreros, burócratas, incluso a militares, aparte de la clase media, y haber impulsado a la burguesía nacional, el Estado revolucionario nunca logró superar su carácter original de organización impuesta por la fuerza. “Desde el principio, el nuevo liderazgo rechazó la posibilidad de dar contenido real a los principios de democracia política contenidos en las normas fundamentales, las de la Constitución de 1917; le fue más fácil seguir por el viejo camino del autoritarismo”. (Meyer)

Durante más de siete décadas México fue gobernado por un partido de Estado: Partido Revolucionario Institucional (1929-2000), el inicio del presente siglo dio luz al esperado cambio democrático, llegaba al poder un partido de oposición: Acción Nacional. Cierto, hubo un cambio de poder, no de régimen. Vicente Fox, tiró por la borda un cambio histórico en México y el establecimiento de una nueva relación civil-militar que socave las bases del autoritarismo y la intromisión del Ejército en la deliberación política.

El cambio lejos de abrir los espacios democráticos dio saltos atrás, la imposición de Felipe Calderón, a través de un golpe de Estado, tolerado por los poderes públicos, parte de la sociedad y avalado por las instituciones encargadas de arbitrar las elecciones de 2006 llevó a México al colapso institucional.

Impuesto en la Presidencia, por lo procedimientos y mecanismos autoritarios tradicionales, Calderón en su afán por legitimarse en el poder, declaró la guerra contra las drogas, ahora negada por él mismo.

En esta aventura militarista a la solución de problemas de carácter social, sacó al Ejército de sus cuarteles y le dio facultades de policía lo que suple la función única y exclusiva de la autoridad civil: la seguridad pública.

Esta situación ha provocado una sistemática y persistente violación a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, desplazamientos y desapariciones de personas, violaciones a mujeres y niñas, cientos de deserciones en el Ejército, el colapso del sistema de defensa nacional y el sometimiento de los mandos militares a los intereses del Pentágono, reflejado en más de 20,000 mil quejas presentadas en contra de las fuerzas armadas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en los tribunales internacionales.

En esta circunstancia y ante un estado de impunidad y de negación de justicia auspiciado desde el poder, ante el derramamiento escandaloso de sangre por todo el país, un grupo de ciudadanos comprometidos con la paz y la justicia, recurrimos ante la Corte Penal Internacional, de la cual México es parte, para que revise la situación de México, en la que Calderón debe responder como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública federal y comandante supremo de las fuerzas armadas por crímenes de guerra y de lesa humanidad.