16 años de la masacre de el charco

Por ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Exigen ONG y personalidades a la Coidh atender ya el caso de matanza de El Charco

Personalidades destacadas en el ámbito nacional e internacional, entre ellos el teólogo John Sobrino y la cantante mexicana Susana Harp, han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) atender de inmediato la demanda presentada por la matanza de El Charco –que hoy se cumplen 16 años– por ser la única en las matanzas que ha habido en México, donde el ejecutor es el Ejército, informó la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.

Explicó que la Corte tiene un retraso de siete años en sus expedientes, pero la petición es que haga una excepción y por sus características, atienda de una vez el caso de El Charco.

En tanto, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la matanza, dijo que el Ejército cometió un crimen de lesa humanidad porque disparó contra población civil que se había declarado rendida.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (Erpi), dijo, tenía una columna a un kilómetro de la escuela donde estaban los campesinos, y sólo tres milicianos murieron, mientras el resto era población civil desarmada.

La madrugada del 7 de junio de 1998, en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad serrana de El Charco, municipio de Ayutla, el Ejército, comandando por el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, disparó contra campesinos indígenas que pernoctaban en ese lugar. Hubo 11 muertos. La Procuraduría General de Justicia de la entidad afirmó que en ese lugar se asentaba una columna del en ese momento desconocido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (Erpi). Fueron detenidos los activistas Efrén Cortés y Érika Zamora Pardo y liberados cuatro años después sin haber sido encontrados culpables de delito alguno.

En 2012, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presentó ante la Coidh una demanda contra el Estado mexicano por estos hechos.

“Hemos ido cuatro veces a la Corte Interamericana, nos hemos reunido con los abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están llevando el caso, para solicitarle el per saltum a la Coidh”, señaló López Paulino.

Si se sigue el orden de llegada de los casos, con el rezago que existe en la Coidh, el de El Charco estaría entrando dentro de cinco años, por eso las personalidades plantean un salto para que se analice ya, destacó. En noviembre, dijo, estarán ella y el obispo en Washington, sede de la Coidh, para continuar con estas gestiones.

“Es un rezago que está ahí la herida abierta, la historia olvidada; las viudas siguen cada día más pobres, varios sobrevivientes han muerto por causas (que están) bajo sospecha, una prueba es que Bernardino García Francisco (un sobreviviente), está preso por ser parte de la policía comunitaria”, expresó.

Cortés Chávez, por su parte, dijo que a 16 años de la matanza no queda sino exigir justicia porque “lo que pasó ahí fue un crimen. El Ejército lo sabía, y después sabía que estaba la rendición y aún rendidos masacró a todos los compañeros; también sabía que había mucha gente, la mayoría, desarmada”.

Admitió su propia militancia en el ERPI, y convalidó lo que éste ha dicho en otros momentos, que la columna guerrillera estaba fuera de la escuela, que sólo tres de sus milicianos murieron, y que él había tenido una “participación política” dentro del grupo.

En El Charco, dijo, “la gente que fue masacrada estaba organizándose porque siempre ha sido una región muy pobre; pero hace 16 años no había ni luz ni agua, no había nada, era una zona que existía pero no estaba ni en los censos, hoy con toda esa sangre, hay electricidad”.

Seis policías comunitarios que permanecen presos acusados de secuestro, rindieron ayer su declaración en barandillas en el penal de Las Cruces, en Acapulco. Se informó que hoy viernes recibirán la visita del presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el obispo Raúl Vera López, quien asumió la defensa de los indígenas oriundos del municipio de Ayutla, lugar donde el próximo sábado se celebrará un aniversario más de la matanza de El Charco.

Se carea acusador con los guardias civiles de la Crac; se contradice en su declaración

Un asunto político, la detención de 6 policías comunitarios, denuncian

Sólo cumplían con su deber al resguardar a los internos que estaban en reducación, argumentan

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

Los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia el Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) que fueron detenidos y acusados de secuestro cuando el Ejército allanó el inmueble y liberó a los que estaban en proceso de reducación, denunciaron que su caso es enteramente político y señalaron que ellos sólo cumplían su deber de policías cuando resguardaban a los internos.

Uno de los liberados ese día, Eugenio Sánchez González, acudió en audiencia como testigo de cargo, y al ser careado aseguró no saber quién ni cómo había exigido 50 mil pesos de rescate a sus familiares, no obstante, el abogado de los comunitarios, José Sánchez Sánchez, hizo notar que caía en contradicción pues antes, en la averiguación previa, señaló directamente y por su nombre a los seis policías, de haber sido quienes pidieron el dinero.

Hoy estarán en el penal de Las Cruces, el obispo Raúl Vera, los sobrevivientes de la matanza de El Charco, Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés, entre otros, para solidarizarse con los policías comunitarios.

A la audiencia asistieron además del abogado, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, y el sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés Chávez.

El acusador Sánchez González fue interrogado por el abogado Sánchez Sánchez, quien primero le preguntó cómo sabía que los comunitarios le pedían 50 mil pesos a su familia por su presunto rescate, como había declarado ante el ministerio público, y aquél respondió que a través de un primo; luego Sánchez Sánchez le preguntó que dijera si sabía quién personalmente había pedido el rescate y el acusador dijo que no sabía, que su primo no le había dicho. Entonces el abogado le preguntó que si no sabía quién pidió el rescate, por qué en su declaración ministerial señaló a los seis detenidos dando nombres y armamento de cada uno.

Acorralado, el acusador dijo que no recordaba por qué lo había hecho, ya que había recibido un cachazo de uno al que apodan el Cácaro. Sin embargo, como este dato no consta en autos, Sánchez Sánchez pidió que explicara dónde y cuándo recibió esa agresión, y Sánchez González ya no pudo responder.

Los policías comunitarios fueron detenidos un día después de que se llevó a cabo la detención de la comandante de Olinalá, Nestora Salgado. Sánchez Sánchez aseguró que se trata de un caso evidentemente político, cuyo objetivo es desmembrar a la Policía Comunitaria.

A su vez, López Paulino señaló que la acusación de secuestro es absurda pues los policías comunitarios cumplían con una función protegida por la Constitución, por los acuerdos de San Andrés y por la ley 701 de Guerrero. Imputar este delito, dijo, equivale a desconocer la existencia de la Policía Comunitaria.

Acusa Rosales al estado de provocar la violencia en Cacahuatepec

Obstaculiza, el gobierno la libertad del cecopista detenido en Parotillas: Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 5 de junio. El gobierno del estado y el Poder Judicial están obstaculizando la libertad del comunero José Palma Tornez, detenido en días pasados por el enfrentamiento a balazos registrado el 4 abril en el poblado de Parotillas, denunció el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien aseguró que el estado está provocando que haya un estallamiento de violencia en la zona de Cacahuatepec.

Palma Tornez fue detenido en días pasados por un conflicto a balazos que se suscitó en abril pasado derivado de la pugna por el saqueo del río Papagayo a manos de empresas extractoras de grava y arena, por lo que integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota se posesionaron de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama) para exigir entre otras cosas, la libertad del comunero.

Al respecto, Rosales Sierra informó que el juez penal dictó auto de formal prisión, pero con una reclasificación del delito, y de una tentativa de homicidio lo reclasificó a lesiones, por lo que el comunero puede gozar de libertad provisional bajo caución.

Sin embargo, lamentó que el juez le fijó una fianza “exagerada”, pues es de 146 mil pesos. “Es exagerada porque las tres lesiones no ponen en riesgo la vida; tardan en sanar unos 15 días; lo que nos preocupa es que esta determinación judicial no está sustentada ya que para fijar una fianza de esa naturaleza debe haber documentos que así lo sustente como recetas médicas, expediente clínico que denote que esas lesiones son de suma gravedad y que va a meritar una serie de consultas de recuperación y de terapias y no es el caso”, detalló.

El abogado defensor consideró que son actos de hostigamiento y criminalización a la lucha del Cecop del gobierno del estado y el Poder Judicial.

“Hay un obstáculo, trabas para que el compañero no pueda obtener su libertad, están obstaculizando su proceso de libertad y creo que el Estado pretende escalar la polarización que hoy se está viviendo en Cacahuatepec, porque los compañeros no van a levantar el movimiento hasta que el compañero salga y la policía está haciendo fuerte presencia ahí día con día y ahora ya hay reforzamiento con militares”, denunció.

Rosales Sierra reprochó que en la zona haya un hostigamiento permanente, toda vez que el poblado Salsipuedes, que “está sitiado totalmente de fuerzas policiacas, militares y marinos y es una situación gravísima porque el Ejército Mexicano no debe inmiscuirse en estas circunstancias, ni siquiera la policía”.