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Juicio contra Gobierno y mineras canadienses

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Juicio mineras canadiensesPIA.- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) lleva adelante, un juicio contra las empresas mineras de origen canadienses y el Gobierno de Canadá, quienes son acusados de violar los derechos de los pueblos de Nuestra América y permitir un contexto de impunidad. El juicio popular es convocado por una coalición de 50 organizaciones, a las que se sumarán personas afectadas por más de 15 proyectos mineros canadienses en distintos países de la región.

Durante el juicio, que se lleva adelante en Montreal (Canadá) desde el 29 de mayo hasta el 1° de junio, las delegaciones darán su testimonio sobre las violaciones a los derechos humanos y los daños ambientales causados por las multinacionales. Allí se examinarán los casos emblemáticos de los proyecto Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina, Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala, San Martín (Goldcorp) en Honduras, Payback (Blackfire Exploration) y la Platosa (Excellon Resources) en México.

Las empresas mineras canadienses son acusadas de “atentar los derechos fundamentales de los pueblos de América Latina” y el Estado canadiense en acusado de “contribuir a la violación de los derechos de los pueblos de América Latina sosteniendo la industria minera a través de mecanismos y por favorecer el contexto de impunidad”.

Asimismo, el “Informe sobre la industria minera en América Latina” elaborado por las organizaciones, se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo al informe, en los últimos 15 años Nuestra América ha experimentado el “boom minero” a raíz de la fuerte demanda de los recursos naturales. Canadá es el actor más importante de la industria minera mundial gracias a su marco legislativo favorable a este sector: el 75 por ciento de las empresas mineras tienen allí su sede y el 60 por ciento cotizan en la Bolsa de Toronto. En este marco, más de 230 empresas mineras canadienses están operando en Nuestra América, donde se cuentan alrededor de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses.

En la actualidad, señala el informe, el auge de nuevas tecnologías permite identificar los yacimientos en lugares antes inaccesibles para la explotación y los procedimientos de extracción a cielo abierto permiten explotar yacimientos con menos cantidad de minerales, lo que antes sería considerado una explotación no rentable. Sin embargo, este tipo de extracción es un riesgo y una amenaza a la calidad del medio ambiente, a la vida social y económica de las colectividades, a la sobrevivencia de las culturas, a la salud de las personas y muchas veces a su integridad física, advierten los denunciantes.

La megaminería a cielo abierto, acarrea graves consecuencias: contaminación de las fuentes de agua y de las aguas subterráneas por el cianuro y otros productos tóxicos, utilización muy importante de volúmenes de agua, deforestación y degradación de los bosques -entre otras-. “Cada año, las compañías mineras botan 180 millones de toneladas de residuos mineros peligrosos en los ríos, lagos y los océanos a través del mundo, contaminando los cursos de agua con metales pesados tóxicos y otros productos químicos peligrosos para los humanos y la naturaleza”, indican las organizaciones canadienses Earthworks y Mining Watch Canada.

Asimismo, el informe del TPP destaca que los megaproyectos violan frecuentemente los derechos a la autodeterminación de los pueblos y a la posibilidad para las colectividades de definir por ellos mismos sus modos de vida y su futuro. Dichos proyectos, indica, afectan en su mayoría a las poblaciones que viven en condiciones precarias, en las regiones alejadas y se sitúan generalmente en el corazón o en la proximidad de los territorios indígenas, afectando de manera particular los modos de vida y los derechos de esos pueblos.
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