julio de 2011
Al iniciar un diálogo entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el poeta Javier Sicilia exigió a los legisladores frenar el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el Ejecutivo federal.
Asimismo, exigió que los legisladores aceleren los trabajos para que se apruebe la reforma política que contempla candidaturas independientes, lo que abre las puertas a la sociedad civil para participar en las decisiones y cambios que requiere el país.
Ante líderes parlamentarios de ambas cámaras del Congreso y los presidentes de las mesas directivas, así como integrantes de la Comisión Permanente, Javier Sicilia exigió a los legisladores asuman su corresponsabilidad en la guerra contra el crimen organizado.
Pues les dijo: “ustedes también son responsables de los 50 mil muertos de esta administración, de los 10 mil desaparecidos y los 120 mil desplazados que ha generado esta cruenta lucha”.
Por ello les exigió al igual que al titular del Ejecutivo federal, que pidan perdón a la sociedad mexicana, porque también “ustedes son responsables de la situación que vive hoy México, de nuestros muertos y de nuestros dolores”.
En este sentido pidió que se frene la posible aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que ya se trabaja en comisiones, porque consideró que ésta habría de institucionalizar la guerra que hoy ha dejado dolor y muerte para los mexicanos, ya que se estaría legalizando la permanencia de las Fuerzas Armadas por tiempo indefinido fuera de sus cuarteles y entre la sociedad.
Agregó que esta ley de seguridad habría de generar un Estado militar y policiaco que no respete las garantías individuales, mientras lo que se necesita es una Ley de Seguridad Nacional con sentido ciudadano y humano que genere las condiciones para el retorno paulatino de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
Antes de iniciar su primera intervención, Javier Sicilia pidió a todos los asistentes se pusieran de pie y guardar un minuto de silencio por los muertos que han caído en esta guerra contra el narcotráfico.
Asimismo pidió a los legisladores que rindan cuentas de sus acciones, porque los acusó de ser operadores políticos de sus partidos y de sus personajes, cuando debían responder al bienestar de la sociedad.
Javier Sicilia dijo que los legisladores hoy no han hecho nada para evitar que las próximas elecciones federales “sean las elecciones de la ignominia y por lo tanto el próximo gobierno será el gobierno ignominioso”.
Por ello, exigió que se apruebe la reforma política para que de paso a las candidaturas ciudadanas y que la sociedad civil acceda a los puestos de elección popular y del gobierno para generar desde ahí las transformaciones de este México que vive una emergencia nacional.
Dijo que los legisladores también son responsables de la situación de inseguridad que vive el país, porque han tolerado una serie de acciones violatorias por parte del Instituto Nacional de Migración.
Señaló que ese instituto “está erosionado por las garras del poder corruptor del crimen organizado y no hicieron caso de las advertencias y denuncias sobre el secuestro de centenares de inmigrantes que se convirtieron también en víctimas”.
En esta primera parte del diálogo con legisladores, se dedicaron 90 minutos a la participación de organizaciones sociales y familias de las víctimas que presentaron sus testimonios trágicos y una serie de propuestas legislativas con las que buscan el impulso de condiciones que mejoren la seguridad y el respeto a las garantías de los mexicanos.

Por Santos Urbina

Si al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, le place excederse en las copas, es muy su gusto; el problema es que en estado de ebriedad –como la ha hecho¬– asuma decisiones de gobierno. Igualmente, el que Emilio sea católico, es muy su derecho; lo malo es que, confundiendo su feligresía con el cargo público, se proponga subordinar el Estado a la Iglesia.

Como se sabe, el gobierno de Jalisco pretende hacer un homenaje al Cardenal Juan Sandoval en ocasión de su eventual retiro del cargo conferido por el Vaticano. El argumento del gobierno estatal es el de que “don Juan” –como se refiere Emilio al purpurado– “es un hombre de fe, un hombre de bien. ¿Qué de malo hay en que Jalisco le reconozca y le agradezca?”.

El organizador del evento, el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, afirmando que “todo está conforme a la ley”, explicó que el homenaje es igual al que se ha hecho a otros jaliscienses distinguidos como el futbolista “El Chicharito” Hernández. Que precisamente esa es una las tareas del “liderazgo del Estado”, la de manifestar “como jefe de gobierno” la gratitud a quienes “hacen una aportación favorable al desarrollo de Jalisco en los distintos ámbitos”.

Emilio, tildando de “exageraditos” a quienes critican la acción, argumentó que “no podemos ser excluyentes y radicales”. Minimizando el asunto dijo parecerle un “debate desproporcionado”. “Simplemente se hará un concierto en el teatro Degollado, de esos que hay cientos cada año, donde ahora el Estado le dará su agradecimiento a don Juan, sin duda un liderazgo espiritual de una parte importante de los jaliscienses”, recalcó el gobernador.

Como se ve, en abierto espíritu de revancha, los testaferros de la derecha al mando del gobierno en Jalisco hacen su papelito: violar impunemente y a los cuatro vientos la Constitución. Destruir lo que queda del Estado laico, la separación Iglesia-Estado y, sobre todo, la herencia juarista que surge como respuesta al infame papel que la Iglesia ha jugado en la historia de México.

Pero a nadie debe extrañar la conducta entreguista del gobierno reaccionario de Jalisco. Desde Agustín de Iturbide, cada vez que los conservadores han asumido el poder, su principal preocupación es la de mantener la supremacía de la Iglesia sobre el poder civil, y este es el caso. Lo malo, es que las fuerzas democráticas y progresistas lo consientan y lo permitan, no sólo porque sea una aberración jurídica, histórica, política y moral, sino porque es un vulgar atentado contra todo avance democrático y los derechos ciudadanos que los mexicanos hemos conquistado a lo largo de nuestra historia.

El Cardenal Juan Sandoval no es el “Chicharito” Hernández, ni mucho menos. Es el representante en México de un Estado extranjero, el Vaticano, y del partido político más viejo en la historia, la Iglesia católica. El prelado jalisciense es un alto funcionario religioso integrante de la alta jerarquía eclesiástica que, a lo largo de 500 años de historia de este país, ha jugado un papel cruel y bochornoso al servicio de los poderosos y las potencias extranjeras.

¿Dónde están “las aportaciones favorables” que argumentan sumisos Emilio y Pérez-Peláez? ¿Acaso en su historia de intolerancia a los avances democráticos y sociales? ¿Al intervencionismo político tenido a lo largo de su representación, como lo fue solicitarle al gobierno de Estados Unidos que detenga los gobiernos progresistas de América Latina y la candidatura de López Obrador en particular?

El gobernador acusa de “excluyentes y radicales” a quienes exigen respeto a la ley y reclaman que el gobierno estatal se abstenga de semejante despropósito. ¡Mira quién lo dice! Nada más ni nada menos que dos los más conspicuos personajes de la extrema derecha. Uno, heredero del sinarquismo fundado en 1937 bajo la inspiración nazifascista del alemán Hellmut Oskar Schreiter, miembro del Partido Nazi que operaban en México, y del falangista José Ángel Urquiza, regresado de España luego de combatir junto a Franco en contra de la República, junto a otros no menos piadosos personajes. El otro, jefe del DHIAC, organismo de ultraderecha creado para la defensa de los intereses de los empresarios ligados a la Iglesia; ambas corporaciones famosas por su intolerancia, proyección retardataria y extremista.

Emilio y su secretario de gobierno no están llevando un pastelito a la casa del Cardenal ni cantándole las mañanitas acompañados con un mariachi en “un simple concierto en el Teatro Degollado”, como ellos dicen. Están pisoteando la Constitución y enlodando lo que queda de instituciones republicanas. No es un inocente reconocimiento de dos buenos samaritanos. Lo que están haciendo es sentar un nuevo precedente de subordinación en las relaciones del Estado con la Iglesia, si eso se permite.

Hoy, en un contexto cultural y político favorable a legitimar su visión medrosa y plagada de odio, el gobierno derechista de Jalisco, dócil y sumiso hace una despedida al Cardenal que concluye su orden. Mañana será una recepción al nuevo prelado designado por la Santa Sede, aniquilando las verdaderas funciones del Estado mexicano.

Guadalajara, Jal. 28 de julio de 2011.

Publicado julio de 2011

Por Amy Goodman

“Cada guerra que los estadounidenses libraron o podrían librar en el futuro fuera de sus límites continentales, fue o será un latrocinio. Un mezquino, cruel y asqueroso latrocinio.” Así decía en 1935 el Mayor Smedley Butler. Esta afirmación, “la guerra es un latrocinio”, que es además el título de su breve libro sobre el negocio de la guerra, suena igual de cierta hoy en día. Recientemente, una valiente empleada civil del ejército ganó una batalla para hacer que los que lucran con la guerra sean responsabilizados por sus actos. Su nombre es Bunnatine “Bunny” Greenhouse. Cuando su empleador, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, concedió, sin llamado a licitación, un contrato de siete mil millones de dólares a la filial de Halliburton Kellogg, Brown and Root, más conocida como KBR, poco antes de que Estados Unidos invadiera Irak, Bunny hizo la denuncia. Era parte de su trabajo: intentaba garantizar que procedimientos de licitación competitivos ahorraran dinero al gobierno de Estados Unidos. Por hacer su trabajo fue obligada a abandonar su cargo, fue degradada y hostigada.

Esta semana, luego de librar una batalla legal de más de media década, Bunny Greenhouse finalmente ganó. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Greenhouse por novecientos setenta mil dólares, que incluye restitución completa por lucro cesante, compensación por daños y perjuicios y costas legales.

Su “falta” fue objetar un contrato otorgado sin previa licitación a KBR por siete mil millones de dólares. La invasión a Irak de 2003 estaba prevista para algunas semanas después, y los asesores militares de Bush habían pronosticado que Saddam Hussein haría explotar los yacimientos petrolíferos como sucedió en ocasión de la invasión estadounidense de 1991. El proyecto se denominó “Restablecer el Petróleo Iraquí” o RIO, por sus siglas en inglés, y fue creado para extinguir el fuego en los yacimientos petrolíferos. KBR pertenecía en ese momento a Halliburton, cuyo presidente hasta el año 2000 había sido nada menos que el entonces Vicepresidente Dick Cheney. KBR fue la única compañía a quien se invitó a ofertar.

Bunny Greenhouse dijo a sus superiores que el procedimiento era ilegal. La ignoraron. Greenhouse dice que la decisión de otorgar el contrato a KBR provino de la Oficina del Secretario de Defensa, dirigida por el buen amigo del Vicepresidente Cheney, Donald Rumsfeld.

Como dijo Bunny Greenhouse a un comité del Congreso: “Podría afirmar sin equivocación que la corrupción vinculada a los contratos otorgados a KBR representa el más descarado y deshonesto uso indebido de contratos que he visto durante el transcurso de mi carrera profesional.”

Los yacimientos petrolíferos no ardieron en llamas. No obstante, se autorizó a KBR a rediseñar su contrato no licitado de siete mil millones de dólares a fin de proveer combustible y otro tipo de apoyo logístico a las fuerzas de ocupación. El contrato fue categorizado como un “contrato de costos reembolsables”, lo que significa que KBR no estaba en condiciones de proveer los servicios a un precio fijo y establecido. En su lugar, cobraría los costos más un porcentaje fijo como ganancia. Cuantos más costos incluyera KBR, más ganancias obtendría.

Como jefa de la oficina de compras, la firma de Greenhouse debía figurar en todos los contratos por montos superiores a diez millones de dólares. Poco después de denunciar el atroz contrato RIO, Greenhouse fue rebajada de rango, se le quitó el acceso a información clasificada de máximo secreto y comenzó a obtener las calificaciones de desempeño más bajas. Antes de hacer la denuncia, había recibido siempre las calificaciones más altas. Finalmente, renunció a su puesto al verse enfrentada a un insoportablemente hostil ambiente de trabajo.

Luego de años de litigio, su abogado, Michael Kohn, presidente del Centro Nacional de Informantes, logró que el caso llegara a un acuerdo. Kohn declaró: “Bunny Greenhouse arriesgó su puesto de trabajo y su carrera cuando objetó el enorme desperdicio de dólares de los contribuyentes federales y las prácticas de contratación ilícitas que tenían lugar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tuvo la valentía de ponerse de pie y desafiar a poderosos intereses especiales. Dejó al descubierto un ambiente de contrataciones corrupto en el que las prácticas informales y entre amigos eran la norma en lo que refiere a la aprobación de contratos. Su valentía llevó a que se hicieran modificaciones legales que detendrán para siempre los groseros abusos de poder que ella tuvo el coraje de exponer.”

Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nacional de Informantes, Stephen Kohn (hermano de Michael Kohn) me dijo: “Los empleados federales que denuncian prácticas ilegales la pasan muy mal. Por lo que cada vez que el gobierno se ve obligado a pagar daños y perjuicios por remuneraciones adeudadas, compensación por daños y costas legales, es una gran victoria. Espero que esto constituya un punto de inflexión. El caso fue muy peleado y nunca se debería haber tenido que presentar una demanda ya que Bunny hizo lo correcto.”

Según el economista ganador del Premio Nobel Joe Stiglitz, los costos de las guerras en Irak y Afganistán superarán los cinco mil millones de dólares. Con costos así, ¿por qué la guerra no se encuentra en el centro del debate sobre la deuda nacional?

El dos veces ganador de la Medalla de Honor del Congreso Mayor Smedley Butler tenía razón hace setenta y cinco años cuando dijo sobre la guerra: “Probablemente, es la estafa más vieja, de lejos, la que deja más ganancia y seguramente, la más despiadada. Es la única cuyas ganancias se cuentan en dólares y sus pérdidas en vidas y que se lleva a cabo para beneficio de unos pocos, a expensas de muchos.”

Mientras el Presidente Obama y el Congreso argumentan que la Salud Pública y la Seguridad Social son los dos factores que desestabilizan el presupuesto, el pueblo debería exigirles a ellos que dejen de solventar la guerra.

John Saxe-Fernández

Earl Wayne, embajador designado para México por la Casa Blanca, sucesor de Carlos Pascual, afirmó en la sesión pública para ser confirmado por el Senado de Estados Unidos, que “dará prioridad a la Iniciativa Mérida (IM) como una parte vital de las relaciones entre los dos países” (La Jornada, 21/7/11 p.22). Ésa es la instrucción de Obama. El mensaje no puede ser más elocuente: la experiencia de Wayne como embajador en un Afganistán brutalmente invadido y ocupado por Estados Unidos, sin duda fue clave en su selección. Ahí se aplica un “programa de estabilización y reconstrucción” (PER) concebido en tiempos de Rumsfeld por el Defense Science Board del Departamento de Defensa (DdD), con decenas de miles de empresas y contratistas de Estados Unidos y en medio de cientos de miles de bajas, y destrucción de la infraestructura.

Es ostensible que Wayne dará continuidad a la misión de Pascual, el diplomático que encabezó en el Departamento de Estado el PER por su experiencia en Ucrania y en la inducción y manejo de estados fallidos. Además de estar, como México, en plena y atroz “guerra irregular”, con injerencia y aportes presupuestales del DdD en su estructura y dinámica de seguridad interna (junto al deterioro del estado de derecho, una característica básica de un Estado fallido) Afganistán y Pakistán encabezan las listas de esa “tipología”, elaborada por centros académicos y oficiales de Estados Unidos.

Llama la atención, pero no sorprende, que Wayne enfatice la dimensión militar y de seguridad en la relación bilateral, parte de un programa de “Seguridad Nacional hacia el hemisferio” planteado en los años 90 en el Annual Defense Guidance Statement para “…estandarizar los vínculos militares con México de manera similar a como se desarrollaron a lo largo de la guerra fría con otros países latinoamericanos”. Tras el colapso de la URSS no se afectaron ni el presupuesto o la influencia del DdD. Al contrario, se le asignaron funciones antes en manos civiles, como la lucha anti narcóticos que con Bill Clinton era “uno de los principales programas de la posguerra fría para incidir en la dinámica de la estructura de autoridad interna de México y del resto de América Latina” y cuando ya estaba en marcha “un programa de privatizaciones de gran escala a favor del empresariado estadunidense”. (JSF, “El tercer vínculo”, Excelsior, 14/6/1996/7a).

Dar continuidad “transexenal” y agilidad al presupuesto de la IM, para que los mexicanos prosigan exterminándose unos a otros sin afectar el precio, ni la demanda de drogas en Estados Unidos, o el flujo de armamento hacia el sur que alimenta la violencia y mucho menos el negocio de ese tráfico que se realiza en Wall Street y bancos como Wachovia del Wells Fargo, se refleja en que, según Wayne, la IM “ya ha rendido frutos con la detención de una treintena de capos del narcotráfico, gracias a los mecanismos y estructuras que hemos construido para intercambiar información”. Unos “frutos” que incluyen más de 40 mil bajas civiles, 10 mil desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que rompen el estado de derecho, no afectan el flujo de droga y alientan la intervención/ocupación militar, en especial de los estados norteños: una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que analiza el número de decomisos de droga en la frontera suroeste de Estados Unidos entre 2009 y 2010 concluye que “no existe ningún patrón apreciable que correlacione, ya sea un incremento o decrecimiento en el aseguramiento de drogas, con la eliminación de personajes clave en las organizaciones de narcotraficantes”.

Lo sustantivo de la “guerra al narcotráfico” es que encubre y promueve el despliegue en territorio mexicano del aparato policial-militar de Estados Unidos y su incidencia en la dinámica y toma de decisiones sobre “seguridad nacional” por el “enlace” presupuestal que acarrea la IM con DdD, DEA, CIA etcétera, en tareas de control de la población, la protección de inversiones, comercio asimétrico y apropiación de recursos y empresas estratégicas.

Nurit Martínez

MÉXICO, D.F., julio del 2011
(EL UNIVERSAL).-
La profesora Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tiene un sueldo mensual de 23 mil 900 pesos.

En el informe de la Secretaría de Educación Publica, en el que se reporta el número de maestros comisionados dedicados a labores gremiales, se encuentra Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del SNTE, quien de enero a marzo de 2011 tuvo ingresos por 71 mil 808.92 pesos por dos plazas, una de maestra y la otra de directora en un plantel de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En la nómina del centro de trabajo 15AGS0001S, en donde la lideresa tiene arraigadas sus plazas, también aparece su hija Maricruz Montelongo Gordillo, quien por dos cargos obtuvo 64 mil 306.86 pesos en el mismo periodo.

En la lista de esa escuela también aparecen el ex esposo de Gordillo, el profesor Francisco Arriola, con ingreso en el trimestre por 49 mil 541.40 pesos, y con 84 mil 645.12 pesos René Fujiwara Apodaca, ex yerno de Gordillo Morales.

Además, el registro del plantel incluye al actual secretario general de la sección 36 del sindicato, Alberto Hernández Meneses, así como a miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a un representante de la fundación sindical y a un integrantes de la organización de formación del gremio.

Al dar a conocer el reporte del llamado padrón de maestros, para cumplir con la petición del Congreso de la Unión para que la SEP y los gobiernos estatales transparenten los recursos que se destinan al fondo con el que se paga la nómina de los trabajadores de la educación, la Secretaría dijo que en México existen un millón 207 mil 834 maestros, que equivalen a 2 millones 079 mil 096 plazas, a quienes se pagó más de 56 mil 063 millones de pesos entre enero y marzo por concepto de jornada ordinaria y extraordinaria.

En el caso de los comisionados sindicales el costo para el erario fue de 114 millones 400 mil 179 pesos durante el primer trimestre de 2011.

Del total de trabajadores comisionados, que es de 12 mil 467, 4 mil 062 realizaron trabajos de representación sindical.

El titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Francisco Ciscomani, encabezó una conferencia de prensa en la que informó que, además de los comisionados, existe dentro de la nómina un registro de trabajadores con licencia.

La base de datos de la dependencia registró a 29 mil 590 personas con una licencia; de ellas, 6 mil 647 (22%) recurrieron a ese trámite para ocupar cargos de elección popular y otras 7 mil 577 solicitaron una licencia para llevar a cabo una “comisión sindical”.

De igual modo, la dependencia ubicó en su reporte a un profesor que en la mañana da clases en Nuevo León y por la tarde en Quintana Roo.

En el apartado de “trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente” aparece también el caso de una profesora que tiene registrada una plaza en Puebla y tres más en Tlaxcala, y el de otra con plazas en San Luis Potosí y Veracruz.

Este tipo de situaciones tendrán que ser investigadas, pues no necesariamente suponen la existencia de algún ilícito.