El Ejército rompe el orden constitucional
José Francisco Gallardo Rdgz. / Reflexiones de un general posdoctorado
A la visión frívola de los presidenciables sobre las fuerzas armadas.
El tema sobre las relaciones civiles-militares en México históricamente ha sido intocado, dicho de otra forma los estudios sociológicos sobre las fuerzas armadas son inexistentes en nuestro país, hay de tipo histórico, de epopeya o de arsenal, y ninguno sobre el impacto que tiene la actuación del Ejército en el ámbito social, esto se debe a que el control del poder civil sobre los militares se da subjetivamente: por un partido de Estado, por la oligarquía, ahora por los poderes fácticos o del Pentágono (Iniciativa Mérida), incluso por la narcoeconomía.
Las relaciones civiles-militares en un país democrático como el que pretendemos, es un asunto de seguridad nacional. “El ordenamiento de las relaciones civil-militar, es básico para la política de seguridad nacional”. (El soldado y el Estado, Huntington, 1954). Hablo del control objetivo sobre las fuerzas armadas: el Legislativo, contrapesando al Ejecutivo en su rama militar.
Los cuatro magníficos han sostenido durante sus campañas, la permanencia del Ejército fuera de sus cuarteles, cuando el debate político es netamente civil, y los militares según nuestra Constitución tienen prohibido, absolutamente, participar en asuntos que no son de su competencia o deliberar política, como lo han hecho desde el México independiente.
Apunto, hace días a pregunta directa que le hicieron a Enrique Peña Nieto en Televisa, sobre el nombramiento de un secretario de la Defensa de procedencia civil, adelantó que NO, y afirmó que las secretarias de la Defensa y de Marina separadas, estarían bajo su mando, ya que él sería el comandante supremo.
Pues bien, ninguno tiene NPI qué es el Ejército, qué función tiene en un Estado democrático, menos que significa la relación civil-militar y por qué las fuerzas armadas deben estar subordinadas al poder civil del Estado. En México el Ejército como una organización social compleja y profesional, que no es otra cosa, antaño ha inhibido el desarrollo democrático del país: realiza funciones exclusivas de la autoridad civil, aplica la ley, y hasta resuelve asuntos de carácter electoral: participando antes, durante y después de las elecciones, por ejemplo, en el manipuleo de las urnas, y en el golpe de Estado de 2006 para imponer a Calderón en el poder.
El Ejército fuera de sus cuarteles, rompe el orden constitucional y jurídico del Estado, impune, luego se arropa en el fuero de guerra. El tema que aquí se trata, se ventiló desde octubre de 1993 en la revista Forum 22. “Las necesidades de un ombudsman militar en México”, hoy cualquiera se cuelga el San Benito.
Vamos por partes, el nombramiento de un secretario de procedencia civil, tiene un sustento, la Sedena es un puesto político-administrativo que no puede desempeñar un militar por su formación curricular, la defensa nacional debe tener una visión política y NO militar. Lo más grave, la Sedena en una situación de conflicto se constituye en Cuartel General del Ejército que subsume a las tres ramas militares, (Manual de Operaciones), luego el Estado se queda sin la conducción de un mando civil de la defensa nacional, incluyendo la defensa militar del Estado. (Mi tesis doctoral).
Lógico es, la defensa nacional concebida y conducida bajo el poder civil desde una visión política, que incluye el manejo de las fuerzas armadas, la operación de la fuerza militar para articular la defensa militar del Estado, estará a cargo de un estado mayor conjunto, ello es una responsabilidad exclusiva que requiere de autonomía, la cúpula del poder civil no puede meter la mano durante las operaciones militares, pero sí en los resultados que persigue con los objetivos nacionales.
Otro punto, un secretario de procedencia militar en esta cartera, como lo es actualmente, tiene más poderes que el mando supremo, procura y administra la justicia militar, suple la función y la acción punitiva del Ministerio Público, define la división territorial militar, nombra magistrados, jueces y defensores, etcétera. Es decir, el Ejército es otro Estado dentro del Estado.
Así las cosas, el uso inmoral que los civiles históricamente han hecho de las fuerzas armadas, claro con la aquiescencia del alto mando militar, a través de prebendas e impunidad de actos arbitrarios, para resolver asuntos de carácter político-sociales, han llevado al colapso del sistema de defensa y seguridad, y transformado a la máxima fuerza del Estado en una amenaza a la seguridad nacional. La espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los mexicanos.
Es impostergable pues, que le reforma del Estado debe pasar forzosamente por la reforma del Ejército, transitar de su función represora, de una relación de terror y miedo con la sociedad, a una relación civil-militar democrática donde el ente castrense está apartado de los vaivenes de la política y esté sometido al poder civil del Estado, al pueblo que es el sostén de las instituciones.
Para cualquiera de los postulantes si no tocan al ejército NO van a poder gobernar, en una entrega similar a ésta, después de la declaratoria de guerra de Calderón, le pronostiqué más de 50 mil muertes, el actual gobierno venga de donde venga, construirá un Estado policiaco-militar extremadamente violento bajo un mando todopoderoso sostenido por un partido político.
Estoy hablando de la desaparición de México del mapa internacional por muerte del Estado, tesis de Ratzel en 1891 en su libro Antropogeografía, donde considera al Estado como organismo vivo.