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Guerrero 1995: la matanza de Aguas Blancas

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Para APIAVIRTUAL Y MACHETEARTE

A Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, caídos en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011

Gerardo Peláez Ramos

A fines de abril de 1995 parecía que, excepto la intervención militar contra el narcotráfico que encubría el velado interés por descubrir acciones “subversivas”, el estado de Guerrero estaba en calma. Mas la relativa tranquilidad fue rota rápidamente, porque se sumaron el temor de los caciques a la perspectiva guerrillera y la impunidad de los ataques contra el Partido de la Revolución Democrática y los campesinos, para que se produjera la masacre del municipio de Coyuca de Benítez.

Figueroa preparaba el camino que lo llevaría a la defenestración. La matanza de Aguas Blancas no era un hecho aislado ni producto del descontrol de los grupos policíacos en el estado. De ninguna manera. Está perfectamente establecido que se trató de una celada del cacicazgo guerrerense contra opositores del campo, sobre todo después de la exhibición el 25 de febrero de 1996 del video del programa televisivo Detrás de la noticia, que dirigía el periodista Ricardo Rocha. La tesis se refuerza al saber que dos días antes de la masacre, el gobernador convocó a sus jefes policíacos para una reunión de emergencia para planear el operativo que desembocó en la tragedia de Aguas Blancas (1) y que desde el 27 de junio el gobierno estatal alertó al hospital de Atoyac, porque pronosticó que iba a haber hechos de sangre.
En el hecho desgraciado que costó la vida a 17 militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, los campesinos reprimidos, las fuerzas democráticas de oposición y muchos periodistas señalaron y señalan que tuvo directa participación el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, quien asistió el 26 de junio al palacio de gobierno de Chilpancingo para difundir la versión de que los secuestradores de Alfredo Harp Helú fueron guerrilleros del estado y que existía un “triángulo” de la guerrilla en la Costa Grande representado por Atoyac, Coyuca de Benítez y Tepetixtla. Una militante del PRD, Virginia Galeana García, que llegó minutos después de la masacre informó haber visto en el lugar a este conocido militar represor y asesor del gobernador guerrerense; además, este individuo volvió a reunirse con Figueroa en esa fecha.

Los acontecimientos en lo fundamental están aclarados. El 27 de junio de 1995 Figueroa se dirigió a la presidenta municipal de Atoyac, pero como ella no estaba habló con Wilebaldo Rojas Arellano, síndico del ayuntamiento:

–¿Ya saben que los de la OCSS les van a tomar el ayuntamiento?… me dicen que tú los volviste a invitar… ¿Qué medidas están tomando? Yo voy a hacer todo lo posible para detener a los de Coyuca. Ustedes encárguense de los de Atoyac. Hablen con Hilario, con los de allá… (2)

Por la noche del mismo día, la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez, se comunicó con RFA, y éste planteó:

–¿Ya sabe que Wilebaldo Rojas volvió a citar a sus amigos de la OCSS? Quiero que usted hable con los de la OCSS de Atoyac para que desistan de ir a la manifestación. Hay que tratar de evitar que lleguen, ya que son gente muy violenta. Yo por mi parte ya tomé providencias para que el grupo mayoritario no vaya. Vamos a tratar de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar. Le pido que estemos en comunicación. (3)
Casi cinco horas antes de las 10:30 del miércoles 28 de junio, centenares de policías motorizados y antimotines estaban esperando al contingente de miembros de la OCSS en el lugar conocido como Paso Real. Ahí los lugareños los vieron desayunar y beber agua de coco. Al frente del operativo estaban altos funcionarios y jefes policíacos del gobierno del estado de Guerrero. (4)

La masacre fue realizada con sevicia. Los policías patearon  los cuerpos en el suelo para cerciorarse si estaban muertos y los heridos fueron ejecutados ante la agente del Ministerio Público de Coyuca, Francisca Flores Rizo, que participó en la matanza. Se trató claramente de una venganza del cacicazgo guerrerense en contra del movimiento campesino y un intento por amedrentar a los demás luchadores sociales, en especial indígenas y pobres del campo.

Sin reparar en los 17 muertos y los numerosos heridos de la OCSS, la versión gubernamental en el estado fue que los agresores habían sido los campesinos. (5) El director de la Policía Judicial del Estado sostuvo que “las personas que se encontraban en los vehículos comenzaron a disparar a los elementos policíacos, por lo que éstos repelieron la agresión”. (6) Pero las contundentes declaraciones de la presidenta municipal de Atoyac informaron de lo contrario. Según ella, al comunicarse con RFA, éste contestó: “Pasó lo que le platiqué ayer. Que detuvimos a esa gente… y el resto ya es la historia de la agresión”. (7)

Desde luego, las declaraciones de la alcaldesa de Atoyac fueron inmediatamente desmentidas. Carlos Carrillo Santillán, director de Comunicación Social del gobierno del estado de Guerrero, negó rotundamente que el gobernador se hubiera comunicado con ella en la forma indicada y la acusó de mostrar “una actitud que sólo busca entorpecer las investigaciones del caso y con fines ajenos a llegar a la verdad”. (8) Por su parte, el secretario de gobierno, Rubén Robles Catalán, afirmó que los policías reaccionaron a un ataque y si tal reacción fue desproporcionada sería determinación del juez correspondiente; aseguró que a la hora de la matanza se encontraba en su oficina del palacio de gobierno en Chilpancingo y que el gobernador y los otros funcionarios inculpados también estaban lejos del sitio de los acontecimientos. (9) Posteriormente se supo que Robles Catalán y Carlos Carrillo Santillán eran dos de las tres personas que viajaban en el helicóptero que rondó la zona del asesinato colectivo.

El gobernador justificó el pretendido enfrentamiento de policías con campesinos porque, según él, los lugareños tenían una “actitud violenta”, y señaló como uno de los culpables al dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, al que calificó de delincuente.
Las relaciones entre la OCSS y el mandatario guerrerense nunca habían sido buenas. Ya antes éste había proferido amenazas a los dirigentes de esa organización social y había dado por un hecho la muerte de los desaparecidos políticos de Guerrero, tal como lo hizo su padre cuando fue gobernador. (10)

El gobernador y otros altos funcionarios en el estado incurrieron en muchas falsedades y calumnias que no tomaban en cuenta la indignación generalizada de la opinión pública por los hechos de Aguas Blancas. El mismo día en que anunció el nombramiento de Adrián Vega Cornejo como fiscal especial para investigar el caso, el procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar, volvió a insistir en la interpretación oficial que sostenía la presunta provocación de los integrantes y dirigentes de la OCSS. (11) Cuando el 1 de julio fueron detenidos dos comandantes de la policía motorizada y ocho policías como presuntos responsables de la matanza, nuevamente insistió en esa versión y amenazó a los líderes campesinos con aprehenderlos. (12) En esto no hacía sino seguir el ejemplo del Tigre de Huitzuco.
Menos de una semana después de la matanza de Aguas Blancas, Figueroa creyó poder cerrar el caso en el momento en que el juez tercero penal en Acapulco, Adolfo Van Meeter, dictó auto de formal prisión a 10 policías implicados en los hechos. Entonces dio inicio una campaña del priísmo local para que las acciones de la oposición no repercutieran en una mayor difusión de la masacre. Por un lado, los diputados federales priístas pidieron investigar la quema de la alcaldía de Coyuca de Benítez que grupos campesinos habían llevado a cabo en protesta por la matanza y, de paso, criticaron a Cuauhtémoc Cárdenas y otros líderes perredistas. Por otro, los priístas ocuparon las galerías del Congreso local en Chilpancingo, y se opusieron mayoritariamente a la propuesta de la oposición de guardar un minuto de silencio por los asesinados en Aguas Blancas.

El ejército también colaboró con el partido oficial en su empeño por deslindar la responsabilidad del primer mandatario estatal y por descalificar a la OCSS y su liderazgo. El 5 de julio el general Enrique Tomás Salgado Cordero, comandante de la IX Región Militar, defendió a Figueroa, acusó a Benigno Guzmán de llevar “ideas extrañas” a los campesinos y a la OCSS de ser “un grupo radical”. Declaró que la investigación competía a las autoridades civiles y que el instituto armado no intervendría. Por entonces dieron comienzo movimientos de tropas por el rumbo de Coyuca de Benítez.

El propio presidente de la República se sumó a estos apoyos. Al contestar a una pregunta expresa el 6 de julio, señaló que para el gobierno federal la matanza de Aguas Blancas era un asunto del fuero común, que las autoridades estatales serían las encargadas de las investigaciones y que no estaba dentro de sus facultades pedir la remoción de un gobernador, tal como lo había solicitado el PRD. (13) Con este expediente, borraba la posibilidad de justicia.

Esta actitud de Ernesto Zedillo propició que en Guerrero, al igual que en otros estados de la República cuyos gobernantes priístas se caracterizaban por la represión y corrupción (Chiapas, Tabasco, Puebla y otros), surgiera una especie de federalismo que significaba en los hechos la impunidad del gobernador y sus aliados sin ninguna traba impuesta por el gobierno central. En apelación a él, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ángel Aguirre Rivero, afirmó en una manifestación de apoyo a Figueroa, el 9 de julio en Chilpancingo, que los guerrerenses iban a determinar su destino y no permitirían “ninguna intervención que parta del centro”. (14) Durante el mes de julio se sucedieron diferentes actos públicos de apoyo al gobernador organizados por el PRI en Zihuatanejo, Iguala y otros lugares.

Cubierto su flanco político, Figueroa pudo entonces negar lo evidente. En una célebre respuesta a un periodista en la capital de la Federación, manifestó con desvergüenza que en Guerrero no estaba pasando nada, que el estado estaba en calma y trabajando; agregó que eso se podría constatar “…a la hora que quieran…” (15)

Con el propósito de apuntalar la posición figueroísta, el general Enrique Tomás Salgado Cordero, jefe de la IX Región Militar, declaró que los militares consideraban que en ese momento la población guerrerense se encontraba en orden y trabajando, y que si bien había muchas carencias, veían la voluntad existente “en el gobierno federal, estatal y municipal para tratar de solucionar todos los problemas”. Añadió que el ejército no estaba cercando Guerrero y que no tenía partidismos dado que el ejército es apolítico. Al referirse a la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas y por Genaro Vázquez, dijo que afortunadamente esos hechos eran historia y que la situación prevaleciente en esos momentos era totalmente distinta a la que pudiera haber en aquellos tiempos. (16)

Pese a todo el despliegue de solidaridad institucional con el gobernador, no fructificó el intento gubernamental de vincular a la OCSS con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muy pronto, el 15 de julio de 1995, el EZLN definió su posición frente a la matanza de Aguas Blancas:

Primero. El asesinato de los hermanos campesinos guerrerenses forma parte de la política gubernamental de intolerancia. A las movilizaciones pacíficas, el supremo gobierno responde con violencia, es en el mal gobierno donde se origina la violencia y no en el pueblo que lucha por sus derechos.
Segundo. La agrupación a la que pertenecían los hermanos asesinados, es acusada de tener ligas con nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como si asesinar zapatistas fuera una atenuante a la culpa del gobierno. Pero el EZLN no tiene relación alguna con la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y esta acusación sólo trata de desviar la atención de la opinión pública de la realidad: el caciquismo imperante en el campo mexicano.
Tercero. Hechos como el reciente en el estado de Guerrero, donde se responde con violencia a las movilizaciones pacíficas, son los que producen la guerra y la inestabilidad política. El cacique que mal gobierna Guerrero debe salir y comparecer ante la justicia. (17)

Sin embargo, en algunos círculos del partido oficial a la sazón se expresaron diferencias acerca de la actuación de Figueroa en los acontecimientos de Aguas Blancas. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Comisión de Asuntos Relativos al Pacto Federal del Senado, sostuvo que la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI debería determinar si el gobernador había incurrido en violación a los documentos básicos de ese partido. También el secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, advirtió a Figueroa, el 18 de julio, al aseverar que los conflictos que dividían a la nación tenían como explicación el rezago en la justicia y las desviaciones en el ejercicio de la autoridad. En Guerrero, pues, sí pasaban cosas.

La preocupación por la situación política en la entidad suriana se extendió por varios puntos de la República. Luis Garfias, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, opinó que en Guerrero había grave ausencia de justicia, que debía investigarse a fondo si había guerrilla y que lo primero era dar paso a una campaña de despistolización. Su punto de vista fue que un levantamiento en Guerrero sería más grave que en Chiapas porque su tradición violenta era mayor y, además, porque “…tiene límites con los estados que también tienen problemas delicados como Oaxaca y Michoacán”. (18) Tal visión era también compartida en Guerrero por muchos políticos priístas. (19)

En ese mes, Wilfrido Robledo Madrid, director de Seguridad Nacional, declaró que el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres tenía cuatro pequeñas células distribuidas en Guerrero, la ciudad de México, Oaxaca y Michoacán. (20)
La crítica de Limón Rojas y de otros conspicuos priístas empezó a surtir efecto. En un acto de gobierno convertido en partidista, el 21 de julio RFA por fin admitió que la violencia en Guerrero era producto de la pobreza y el atraso.

Para Rubén Figueroa Alcocer fue imposible reproducir e imponer el autoritarismo de su padre o de Raúl Caballero Aburto por muchas razones, pero una fundamental fue la indiscutible fuerza de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión. La existencia del partido del sol azteca a nivel nacional dificultó la impunidad de los caciques y los jefes encargados de la represión en contra de las masas en el Sur.

El 28 de julio, el diputado perredista Cuauhtémoc Sandoval le escribió al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, para solicitarle la información acerca de las funciones del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite en la secretaría a su cargo; aseguró que este militar había participado en la reunión del equipo de seguridad que planificó la masacre de Aguas Blancas con dos días de anticipación en el palacio de gobierno de Chilpancingo. (21)

El general Cervantes respondió que Acosta Chaparro pertenecía en esos momentos a la planta de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, dependencia en la cual prestaba normalmente sus servicios, pero que la secretaría no le tenía asignada comisión alguna en el estado de Guerrero; aclaró que el general brigadier había disfrutado de sus vacaciones reglamentarias del 25 de junio al 9 de julio, las que le fueron autorizadas en las ciudades de Durango, Guanajuato y  Acapulco. Sobre su participación en la citada reunión, el secretario de la Defensa Nacional se apoyó en las declaraciones del propio inculpado: “…refutó de falsa tal aseveración, agregando que lo único cierto es que haciendo uso de sus vacaciones se presentó a saludar al C. Gobernador del Estado de Guerrero en el Palacio de Gobierno”. (22)

Con o sin comisión, las actividades de este personaje en el estado de Guerrero continuaron caracterizándose por el azuzamiento contra los ciudadanos que mostraban una clara posición disidente de la política oficial, a los que acusaba de ser artífices de una subversión armada en el país. (23)

La sola reseña de las principales acciones del gobierno encabezado por Rubén Figueroa Alcocer en el estado de Guerrero, bastan para ubicarlo como típico del caciquismo mexicano. (24) No obstante, los caciques guerrerenses niegan su propia existencia.  Por ejemplo, Armando Federico González Rodríguez, alcalde de Zihuatanejo en los dos periodos figueroístas, respondió de la siguiente manera a las preguntas sobre las diferencias o coincidencias entre el padre y el hijo, y a su propia imposición política por el cacicazgo de los Figueroa en la entidad:

–Don Rubén fue un gran gobernador, y el hecho de que el hijo sea gobernador quiere decir que la historia ha juzgado positivamente a su padre. Hemos sufrido hechos lamentables, pero motivados por agitadores profesionales, como sucedió aquí recientemente con los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que vinieron sólo para agredir a turistas y comerciantes.

–En la actualidad ya no puede haber productos del cacicazgo. En México no hay imposiciones, hablando de política. Sí hay trabajo y respaldo popular. (25)

En la perspectiva del cacicazgo guerrerense, la guerrilla podría desatarse si no se adoptaban soluciones de fuerza; a causa de que sólo concebía al movimiento social como producto de la agitación política y de que negaba la evidente inconformidad de la mayor parte de la sociedad en el estado, sus conclusiones lo habían llevado a utilizar todos los mecanismos represivos del control político: desde el hostigamiento a partidos legalmente reconocidos hasta el asesinato masivo de luchadores sociales y de campesinos inocentes.

Notas

(1) En esa reunión estuvieron el director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy; el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el procurador General de Justicia en el Estado, Antonio Alcocer Salazar, y algunos empresarios. También estuvo presente Acosta Chaparro, “quien dio la voz de alerta sobre la guerrilla”. (Proceso, núm. 980, 14-VIII-95, p. 44).
(2) Motivos, núm. 77, 7-VII-95, p. 7.
(3) Ibíd.
(4) Proceso, núm. 974, 3-VII-95, p. 36.
(5) Los caídos en el vado de Aguas Blancas fueron los militantes de la OCSS Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Gervacio Rogel, Heliodoro López Vargas, Paz Hernández González, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Clímaco Martínez Reza, Mario Pineda Infante, Anacleto Ahueteco Coyote, José Rebolledo Gallardo, Gregorio Analco Tabares, Efraín Vargas, Florente Rafael Ventura, Simplicio Martínez Reza y Francisco Blanco Muñoz. Además fueron heridos los campesinos Carmelo Bernal Flores, Antonio García, Juan Pastrana, Santos Galeana, Felipe Sánchez, Marcos Carranza, Aníbal Pastrana, Venicio Godínez, Andrés Bernal, Luciano Salmerón, Pedro Jiménez, Heliodoro Refugio, Andrés Sánchez, Apolonio Romero, Apolinar Ojendis, Bernardo Carbajal, Eustosia Mayo, Rodolfo Carranza y Antonio Abarca. Firmaban Gilberto López y Rivas, Samuel del Villar Kretchmer y otros. (Carta del PRD a Edith Márquez Rodríguez, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mimeo, 17-VII-95, p. 1).
(6) La Jornada, 29-VI-95, p. 18.
(7) Motivos, núm. 77, 7-VII-95, p. 7.
(8) La Jornada, 1-VII-95, p. 2.
(9) El Sur, núm. 585, 3-9-VII-95, p. 2.
(10) Proceso, núm. 975, 10-VII-95, p. 16.
(11) La Jornada, 30-VI-95, p. 6.
(12) Fueron detenidos los comandantes de la policía motorizada Dunstano Vargas Hernández e Ignacio Benítez Carbajal, y los policías Alfonso Díaz Jiménez, Noé Manuel Rodríguez, Benito Cruz Hernández, Hermilo Tacuba Alonso, Jesús Medina Mora, Marco Antonio Villamar Argüello, Alberto Navarrete Nava e Hilario Piedra Orozco.

(12) Motivos, núm. 77, 7-VII-95, p. 7.
(13) El Sol de Chilpancingo, 10-VII-95, p. 1-A.
(14) La Jornada, 12-VII-95, p. 6.
(15) La Jornada, 15-VII-95, p. 7.
(16) El Sur, Acapulco, núm. 588, 24-30-VII-95, p. 7.
(17) Excélsior, 21-VII-95.
(18) Zótico García Pastrana llegó a expresar: “…Ustedes saben que tuvimos una guerrilla y que lógicamente, de acuerdo a las condiciones económicas de nuestro estado y del atraso que tiene, pues es campo de cultivo para una cuestión de ese tipo”. (El Sol de Acapulco, 19-VII-95, p. 1-A).
(19) Ver Proceso, núm. 977, 24-VII-95, p. 17.
(20) Carta de Cuauhtémoc Sandoval al general Enrique Cervantes Aguirre, 28-VII-95, fotocopia, p. 1.
(21) Carta del general Enrique Cervantes Aguirre a Cuauhtémooc Sandoval, 4-VIII-95, fotocopia, p. 2.
(22) El Sur, núm. 591, 14-20-VIII-95, p. 2.
(23) Para Héctor Tejera Gaona, el cacique es “…el personaje que, a través de su relación entre la comunidad y la sociedad regional y nacional, instaura una estructura de intermediación política y económica en beneficio personal”. (Héctor Tejera Gaona, “Comportamiento electoral y democracia en las regiones étnicas de México”, en Este País, núm. 35, febrero de 1994, p. 35).
(24) Proceso, núm. 978, 31-VII-95, p. 40.

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